domingo, 6 de mayo de 2012

El mito k y las organizaciones indígenas


Estaba pensando en cómo los gobiernos pos neoliberales continuaron con la misma política de saqueo y atropello y pese a esto numerosas organizaciones han sido cooptadas por los mismos. Si se presta atención al contexto latinoamericano en que surgen estos gobiernos se pueden hilar varias cuestiones.

En varios países de América del Sur, tras la oleada de levantamientos sociales del 2000-2003, la estabilidad política fue sostenida a cambio del acceso al gobierno de fuerzas de corte progresista que jugaron la función de contener los procesos de lucha: leáse Kirchner, Lula, Evo Morales, Hugo Chávez, Correa.
Las estrategias a las que recurrieron estos gobiernos para paliar las secuelas del neoliberalismo de los ’90, fueron políticas asistencialistas, más concesiones democráticas que materiales, y sobre esta base la cooptación de los movimientos sociales y los sindicatos. Estos gobiernos tienen la función de desviar las luchas sociales sacándolas de las calles y canalizándolas a través de organismos estatales, o bien, creando la conciencia de que la situación puede mejorar y que las demandas se pueden conquistar pasando de la protesta a la propuesta. 
Con la ayuda de un contexto económico favorable y a la declinación hegemónica del imperialismo estadounidense, se logró una relativa estabilización económica, social y política.

Estos gobiernos al ser conciliadores de clases o de intereses entre los sectores más oprimidos y la clase explotadora, no pueden resolver la cuestión de los derechos de las naciones oprimidas. En su máxima expresión se han limitado a la declaración constitucional de nación pluricultural o a declarar oficiales las lenguas originarias. El resto de los gobiernos se limitó a hacer pequeñas concesiones simbólicas y muchas promesas.

Pensando más detenidamente en nuestro contexto mas cercano
veo cómo el gobierno K logró instalar el mito de un gobierno progresista en el cual no hacía falta estar en la calle para conquistar derechos, fue así que numerosas organizaciones indígenas hoy se encuentran totalmente desmovilizadas y su militancia se limita a canalizar las demandas a través de organismos jurídicos o vía reforma legislativa. Esto genera una contradicción importante para la conquista de nuestros derechos ya que si bien el gobierno ha tenido que conceder ciertas demandas, no son más que formalidades que para nada cambian la situación material de las naciones originarias.

Los derechos democráticos son de suma importancia pero su real implementación tiene que ver con la presión social que se ejerce para que sean cumplidos, y en esto el gobierno ha logrado inculcar la idea de que a través de las estrategias legales conseguiremos el respeto de nuestros derechos, por ejemplo apelando todo el tiempo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a representantes de la ONU como fue con la visita de James Anaya, cuyas presión sobre los estados no consiste más que en intimaciones simbólicas pactadas de antemano con gobiernos.

Esta estrategia quedó reflejada en las dos marchas realizadas en el 2010 por organizaciones indígenas, las cuales en sus petitorios y documentos depositaban su confianza en la constitución de un estado pluricultural en Argentina. Sus dirigentes en vez de denunciar al gobierno como continuador del genocidio hacia nuestros pueblos y naciones, le dieron un apoyo explícito a Cristina. Muchos hermanos de las comunidades de base participaron honestamente de estas marchas, pero a dos años podemos ver la realidad.
A esa confianza se sumó el impulso de concesiones aisladas que no representan de ninguna manera cambios estructurales materiales en la vida de nuestras naciones originarias.

Lo único que ha cambiado con el gobierno K han sido las acciones de las organizaciones indígenas más emblemáticas, que han perdido fuerza frente al avance de las organizaciones K cooptadas totalmente por el gobierno como ETNOPO, los funcionarios del INAI y la Dirección de Pueblos Originarios.

El saqueo a través de la expansión de la frontera sojera, la mega minería y la explotación hidrocarburíferas, la criminalización, el asesinato a hermanos por recuperaciones territoriales y la impunidad para sus asesinos sigue en pie, a la vez que se profundiza la criminalización de la protesta y los discursos contra las acciones a que nos vemos obligados a recurrir ante la falta de respuestas.

El gobierno muestra cada vez más su verdadera cara, no tuvo tapujos en mostrarse con Gildo Insfrán después de asesinato de Mario y Roberto López en el reclamo territorial en La Primavera, de aprobar la ley antiterrorista o impulsar el Proyecto X. Para las multinacionales todo (como el caso de la compra de las acciones de YPF), para los pueblos originarios y los trabajadores sólo represión y judicialización.

Para organizaciones como la ETNOPO si hay represión y saqueo es responsabilidad de los gobiernos feudales del interior como Insfran, Fellner o Urtubey, Cristina la nacional y popular no tiene nada que ver en el asesinato de luchadores diaguitas, qom, guaranies y otros luchadores de sectores trabajadores y populares. Ellos sostienen que no se puede movilizar porque no es el momento o bien en último caso sólo proponen crear un centro de asistencia legal con fondos del estado.

Esta falsa distinción entre estado nacional y provincial es impulsada también por otros sectores de partidos patronales como el Frente Peronista Indígena ligado a Alicia Kirchner, que recorre comunidades de manera clientelar en las cuales a cambio de dar respuestas a necesidades concretas (ambulancias, heladeras) exigen a los comuneros dar un respaldo por  escrito al “proyecto popular y nacional”.

Pero ser cooptados por la política K no es solamente cobrar un sueldo o ser funcionario administrando migajas del Estado o un dirigente burócrata, vivir de congreso en congreso con una vida de pasajes en avión y hoteles de primera. La política K también coopta si nos desmovilizamos, desperdigamos las fuerzas, abandonamos las calles y adoptamos la estrategia de desgaste legal[1]  impulsada por el estado, a la vez que se presentan pequeñas concesiones como grandes logros mientras en las comunidades siguen las mismas condiciones de existencia y las irregularidades respecto a los territorios. Ni hablar de aquellas que tienen necesidades básicas irresueltas de alimentación, salud, educación.

 Estos mecanismos son los que posibilitan que los 14.000.000 de hectáreas que pertenecen territorios indígenas continúen expropiados por el Estado Argentino en su variante K y el capital que éste representa.
Las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios no pueden ser defendidas por organizaciones o institutos que dependen del gobierno y los sectores económicos. Ambos defendemos intereses antagónicos. Sólo organizaciones de base independientes de estos sectores pueden ser verdaderos organismos de lucha en alianza con las organizaciones sociales y políticas combativas que reconocen nuestros derechos ancestrales.



[1] Una típica respuesta estatal a la cual se adaptan las organizaciones son las instancias legales dilatadoras que intentan poner paños fríos como las desgastantes “mesas de diálogo” entre el gobierno y dirigentes de la comunidad qom de Formosa como pantalla a los asesinatos de Roberto y Mario López y el despojo de sus hectáreas por el terrateniente Celías, en un conflicto que en ocasiones recobra notoriedad mediática. Otro ejemplo son las comunidades de Salta y Jujuy que presentaron sendos amparos a la Corte Suprema para detener el desmonte en un caso y ser consultados en el caso de la explotación minera en otro. Ante ambos pedidos la corte  se declaró incompetente.